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En una jornada marcada por el estruendo de cacerolazos a las afueras del recinto de San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ambiciosa reforma constitucional para eliminar las “pensiones doradas” de exservidores públicos. Con 458 votos a favor, el bloque oficialista y una parte de la oposición dieron luz verde a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca establecer que ninguna jubilación en empresas públicas u organismos descentralizados exceda la mitad del salario de la titular del Ejecutivo Federal.
El tope constitucional: ¿Austeridad o retroactividad?
La reforma al artículo 127 de la Constitución es el núcleo de esta propuesta. El dictamen establece que los haberes de retiro de altos mandos en entidades como la CFE o Pemex se ajusten a un techo máximo de percepción. Sin embargo, la mayor polémica radica en una cláusula transitoria que estipula que las pensiones ya vigentes deberán ajustarse a este nuevo límite.
Mientras que Morena y sus aliados (PT y PVEM) defienden la medida como un acto de justicia social frente a los “excesos del pasado”, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han encendido las alertas. Aunque coinciden en combatir los abusos, advirtieron que aplicar el tope de forma retroactiva vulnera derechos adquiridos y podría desatar una ola masiva de amparos ante el Poder Judicial. Es importante notar que las Fuerzas Armadas, el SAR y los ahorros complementarios sindicales quedaron exentos de esta restricción.
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Cacerolazos en San Lázaro: La resistencia de los jubilados
Afuera de la Cámara, el ambiente era de alta tensión. Cientos de jubilados, principalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se manifestaron con pancartas y cacerolas para exigir que no se toquen sus ingresos. Los manifestantes intentaron irrumpir en el salón de plenos, argumentando que sus pensiones son fruto de contratos colectivos y décadas de trabajo, y no “regalos” del gobierno.
“Hoy son las pensiones, mañana puede ser tu casa”, rezaba una de las consignas más visibles. Para este sector de la población, el tope representa un golpe directo a su estabilidad financiera en una etapa de vulnerabilidad, lo que ha convertido a esta reforma en una de las más ríspidas de este primer trimestre de 2026.
Próximos pasos: La batalla en lo particular
Tras la aprobación en lo general, la discusión se traslada a lo particular, donde se han registrado cerca de 90 oradores. Se espera que el debate sea largo y técnico, centrándose en la legalidad de ajustar pagos que ya están en curso. De mantenerse el rumbo actual, la reforma pasará al Senado, consolidando uno de los pilares de la llamada “Austeridad Republicana” de la segunda etapa de la Transformación, bajo la atenta mirada de un sector laboral que promete no abandonar las calles.
