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Lo que inició como el ascenso meteórico de un empresario de medios cercano al presidente López Obrador, ha culminado en un proceso penal que sacude los cimientos políticos de Baja California. Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado (2019-2021), fue vinculado a proceso este marzo de 2026 por un juez de control, acusado de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones. El caso, centrado en el fallido proyecto energético Next Energy, marca el episodio más crítico en la trayectoria de quien fuera el primer mandatario morenista en la entidad.
Next Energy: Un contrato millonario sin planta solar
El núcleo de la imputación radica en el contrato firmado durante su gestión para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Según la Fiscalía del Estado, Bonilla comprometió participaciones federales de Baja California por décadas para pagar a la empresa Next Energy, a pesar de que la planta nunca se construyó.
Este “elefante blanco” financiero obligaba al estado a realizar pagos mensuales por un servicio inexistente, comprometiendo las finanzas públicas de las próximas administraciones. Aunque Bonilla enfrentará el proceso en libertad tras el pago de una garantía económica, la investigación complementaria busca determinar el alcance del daño patrimonial al erario bajacaliforniano.
Notas de interés
La “Ley Bonilla” y el quiebre institucional
La gestión de Bonilla ya había estado bajo fuego internacional debido a la famosa “Ley Bonilla”. En un movimiento sin precedentes, el entonces gobernador intentó reformar la constitución local para ampliar su mandato de dos a cinco años, después de haber ganado una elección convocada originalmente por el periodo corto.
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En mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó en seco esta intención, calificándola de inconstitucional de manera unánime. Este revés no solo limitó su tiempo en el poder, sino que fracturó su relación con sectores internos de Morena, incluyendo a su sucesora, Marina del Pilar Ávila, cuyo gobierno ha sido el principal impulsor de las denuncias penales actuales.
La sombra de Lourdes Maldonado
Más allá de los temas financieros, el nombre de Bonilla permanece ligado a la tragedia de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en 2022. Maldonado mantenía un litigio laboral de años contra PSN, el consorcio de medios propiedad de Bonilla, e incluso denunció en una conferencia matutina presidencial que temía por su vida debido a este conflicto. Aunque los autores materiales del crimen fueron sentenciados y vinculados a grupos criminales, el estigma del enfrentamiento legal con la comunicadora sigue siendo una de las manchas más profundas en su carrera pública.
Con esta vinculación a proceso, Jaime Bonilla pasa de ser el hombre fuerte de la frontera a un símbolo de la vigilancia judicial sobre los gobiernos de la 4T. El exgobernador sostiene que se trata de una “persecución política”, pero las autoridades estatales afirman que se trata de estricta justicia financiera para un estado cuyas arcas quedaron comprometidas.
