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Destacó que los proyectos de vivienda social se construyen con calidad, honestidad y en las mejores zonas de la ciudad.
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El complejo de Isabel la Católica integra vivienda y una plaza comercial, en planta baja, para fortalecer la economía familiar
Exclusivas MX
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este día la entrega de 120 viviendas destinadas a grupos y organizaciones de pueblos indígenas residentes en la capital del país, un acto que simboliza —dijo— el cumplimiento de derechos fundamentales y el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la justicia social, la inclusión y el bienestar de todas las comunidades.
Las viviendas se ubican en cuatro predios: tres en el Centro Histórico y uno más en la colonia Guerrero, zonas emblemáticas que reflejan el esfuerzo por garantizar que las familias más necesitadas puedan habitar en el corazón de la capital y no sean desplazadas hacia la periferia.
Durante su mensaje, Brugada Molina adelantó que el próximo año se impulsará un nuevo eje de política habitacional, consistente en un programa de subsidio a la vivienda, que funcionará como apoyo directo para jóvenes que buscan rentar, para sectores populares que desean acceder a una vivienda sin contar con los recursos suficientes, y también para la población pensionada, cada vez más afectada por el incremento de las rentas en distintas zonas de la ciudad.
“Hacemos realidad que en este gran corazón de la Ciudad de México y del país podamos tener a la población que más necesita con vivienda digna. Cumplimos al menos tres derechos: el derecho a la vivienda, el derecho social y el derecho a la justicia”, expresó la mandataria capitalina.
Notas de interés
Brugada Molina resaltó que esta entrega tiene un significado especial porque se realiza en una ciudad pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, donde la diversidad es un rasgo de identidad. En este sentido, las viviendas fueron destinadas a grupos indígenas de origen otomí, mazahua, purépecha, wixárica, chontal, tzotzil y triqui, comunidades que desde hace años residen y contribuyen a la vida social y cultural de la capital.
Ante vecinas y vecinos de la calle San Jerónimo, explicó que la entrega comprende 56 viviendas en las calles San Jerónimo; en Isabel la Católica, 40; en Academia, 16, en el Centro Histórico, así como ocho en la calle Sol, colonia Guerrero, con precios que oscilan entre 464 mil y 700 mil pesos, lo que demuestra —recalcó— que la ciudad está logrando producir vivienda social de alta calidad a bajo costo.
“¿Qué significa esto? Que la Ciudad de México está produciendo vivienda social a favor de los que menos tienen y con un proyecto que garantiza que con menos recursos se hace más, porque se trata de un gobierno honesto y que destina los recursos públicos a quienes más lo necesitan y de la mejor manera. Es decir, es un gran esfuerzo entre organización social y gobierno”, puntualizó.
En este contexto, la Jefa de Gobierno subrayó que la construcción de vivienda social se ha convertido en un instrumento de transformación urbana y justicia territorial, que permite no sólo dotar de espacios dignos a las familias, sino garantizar que las comunidades indígenas y de bajos ingresos permanezcan en el centro de la ciudad, donde se encuentran sus redes sociales, laborales y culturales.
Asimismo, destacó que el proyecto de Isabel la Católica representa un modelo innovador de desarrollo urbano, ya que combina la vivienda con espacios productivos. En este predio, el diseño arquitectónico contempla departamentos en los niveles superiores y una plaza comercial en la planta baja, con el objetivo de que las y los inquilinos tengan un espacio adecuado para vender sus productos sin necesidad de ocupar la vía pública, fortaleciendo la economía familiar y la convivencia comunitaria.
Finalmente, Brugada Molina recordó que la política de vivienda del gobierno capitalino contempla tres líneas estratégicas: la construcción de vivienda digna y asequible, el mejoramiento de vivienda mediante créditos accesibles y el apoyo a familias que cuenten con un predio propio para edificar o ampliar su vivienda en uno o dos niveles adicionales.
Con ello —afirmó—, se busca multiplicar las oportunidades de acceso a la vivienda, combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a habitar la ciudad en condiciones de igualdad.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, refirió que al ser las comunidades indígenas residentes un sector prioritario y vulnerable por las condiciones de pobreza que los han llevado a migrar a la Ciudad de México, y en las que a la fecha aún viven, el objetivo es transformar esa condición para que se convierta en “el derecho a una vida digna, con empleo, ingresos y derechos que se ejercen como parte del esfuerzo permanente de la ciudad solidaria”.
Muñoz Santini adelantó que si bien se entregaron espacios habitables para algunos colectivos, continúa la tarea a través de la construcción de acuerdos para que a partir de 2026 se inicie la construcción de 700 viviendas más para las comunidades indígenas de la Ciudad de México.
En tanto, el director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista González, comentó que las 120 viviendas que se entregaron hoy tienen el objetivo de brindar a las y los habitantes de comunidades indígenas un hogar digno y de calidad, además de brindar seguridad y evitar el desplazamiento.
“Este esfuerzo es la respuesta al compromiso que se ha asumido desde el Gobierno de la Ciudad de México de poder avanzar en las 200 mil acciones y en los 30 mil compromisos para poder desarrollar este año”, dijo.
Finalmente, la beneficiaria del Conjunto de San Jerónimo 46, María Teresa Velázquez Arciniega, y la representante de la Sociedad Indígena en Acción AC, Rosalinda Escobar Sánchez, reconocieron la labor del gobierno por impulsar y garantizar el derecho al trabajo y a tener un lugar dónde vivir digna y adecuadamente, destacando que estas iniciativas ayudan a que las comunidades indígenas no sean desplazadas.
Durante la entrega de viviendas, Clara Brugada estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Juárez Audelo; el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, y la coordinadora de Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez, así como representantes de comunidades indígenas.
