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Latinus
La Presidencia de la República informó este lunes que, a través de la Consejería Jurídica, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recursos de reclamación para que se revierta la suspensión en contra del plan B electoral, otorgada por el ministro Javier Laynez al Instituto Nacional Electoral (INE).
Mediante un comunicado, indicó que la Suprema Corte no debió admitir la demanda presentada por el organismo electoral debido a “que el artículo 105, fracción I, de la Constitución prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales”.
Presidencia señaló que debió negarse la suspensión contra el plan B, debido a que esta contraviene el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Carta Magna.
Notas de interés
“El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo“.
“Se espera que el máximo tribunal constitucional revoque, tanto la admisión, como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, y así preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión“, consideró.
El pasado 28 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE determinó por unanimidad suspender los trabajos de implementación de la reforma electoral luego de que la Suprema Corte les otorgó una suspensión contra todos los artículos del llamado plan B.
El INE detalló que se suspende la aplicación de la reforma electoral hasta que la Corte resuelva de manera definitiva la controversia constitucional que interpusieron.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal anunció en marzo pasado que impugnaría la suspensión al acusar arbitrariedades y que “el ministro (Javier Laynez) arrancó hojas a la Constitución“.
La consejería expresó entonces que resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek haya suspendido la aplicación de la totalidad del plan B electoral, pese a que el INE sólo impugnó la normas que considera pueden afectar la operatividad del organismo.
