🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Exclusivas MX
El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara nuevas medidas para reforzar su estrategia de seguridad, con la mira puesta en aumentar las detenciones de presuntos delincuentes y reducir la sobrepoblación en las cárceles del país. Entre las acciones previstas destacan recompensas de hasta 60 millones de pesos por información que permita capturar a personas buscadas por la justicia y la construcción de seis nuevos centros penitenciarios.
La estrategia mantiene los cuatro ejes presentados por la presidenta al inicio de su administración: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer las labores de inteligencia e investigación y mejorar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales. Ahora, las autoridades buscan complementar estas líneas de acción con mecanismos que permitan ubicar objetivos prioritarios y ampliar la capacidad del sistema penitenciario.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, lo que representa una disminución de 52 por ciento. Esta reducción equivale a alrededor de 45 homicidios menos al día; sin embargo, el Gobierno federal busca mantener la tendencia mediante nuevas capturas y el fortalecimiento de las investigaciones contra organizaciones criminales.
Una de las principales medidas será el ofrecimiento de recompensas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), con montos que irán de 100 mil a 60 millones de pesos para quienes proporcionen información útil para localizar y detener a presuntos delincuentes. La institución cuenta con un Comité de Recompensas, creado mediante decreto en abril de 2025, encargado de autorizar y emitir estos ofrecimientos. El órgano está integrado por representantes de distintas fiscalías especializadas y sesionará ordinariamente en enero y julio, aunque también podrá reunirse de manera extraordinaria.
Notas de interés
Aunque el Gobierno de Sheinbaum no ha publicado una lista general de sus objetivos prioritarios, entre los nombres señalados en el panorama criminal figuran Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, identificados como líderes de Los Chapitos; Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco, y Juan Carlos Valencia González, alias El R3, señalado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La política de recompensas busca incentivar la colaboración ciudadana para obtener información que facilite las labores de las autoridades.
El segundo componente del plan consiste en construir seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las instalaciones tendrán capacidad conjunta para 18 mil 480 personas y contarán con tecnología de vigilancia, sistemas de inspección, bloqueo de señales y módulos diferenciados para clasificar a la población penitenciaria de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.
La ampliación de la infraestructura responde a la presión que enfrenta el sistema carcelario. Según los datos citados en el plan, hasta septiembre de 2026 había 276 mil 873 personas privadas de la libertad en México, mientras que 156 centros penitenciarios registraban sobrepoblación, con un excedente de 45 mil 99 internos. La incorporación de los nuevos complejos busca reducir esa saturación y mejorar las condiciones para separar a las personas recluidas según sus características y nivel de peligrosidad.
En materia de detenciones, la administración federal reportó 70 mil 571 personas aprehendidas por delitos de alto impacto durante sus primeros dos años. La cifra equivale a un promedio de más de 35 mil capturas anuales y representa alrededor de 80 por ciento del total de detenciones reportadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los datos presentados. Con las recompensas y los nuevos penales, el Gobierno de Sheinbaum busca reforzar la persecución de objetivos prioritarios y ampliar la capacidad para recibir a las personas procesadas o sentenciadas, aunque el impacto de las medidas dependerá de su implementación y de los resultados que produzcan.
