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La crisis de desapariciones en México llegó a la Asamblea de Naciones Unidas, donde el Comité contra la Desaparición Forzada planteó la posibilidad de brindar cooperación internacional para fortalecer la búsqueda de personas, las investigaciones y la atención a las víctimas. Sin embargo, el Gobierno mexicano rechazó la interpretación del organismo sobre los mecanismos de intervención previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, defendió la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención para llevar la situación de México ante Naciones Unidas. El representante señaló que la cooperación internacional podría contribuir a mejorar los procesos de búsqueda, esclarecer los casos, atender la crisis forense y brindar protección a las personas afectadas y sus familias, siempre que las autoridades mexicanas acepten el apoyo.
Albán explicó que el Comité identificó indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como elementos que apuntan a la persistencia de este fenómeno. No obstante, precisó que el organismo no encontró elementos suficientes para establecer la existencia de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, ya fuera mediante acciones deliberadas de las autoridades o por omisión.
El presidente del Comité también reconoció los esfuerzos emprendidos por las instituciones mexicanas, aunque advirtió que siguen existiendo dificultades para responder de manera efectiva a la magnitud de la crisis. Por ello, la propuesta de cooperación internacional busca contribuir a las labores de búsqueda e investigación, además de reforzar la atención a las familias que continúan exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos.
Notas de interés
En respuesta, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, defendió las acciones del Gobierno mexicano y aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas continúa. El funcionario sostuvo que el Estado no consiente ni tolera estos delitos y afirmó que son cometidos principalmente por grupos criminales, aunque también existen casos en los que participan autoridades municipales.
Como parte de los avances reportados por el Gobierno, Medina informó que más de 16 mil personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas, la mayoría con vida. El subsecretario utilizó esta cifra para respaldar la postura oficial sobre las labores de búsqueda, en medio del debate internacional sobre la respuesta institucional ante las desapariciones.
El funcionario también expresó el rechazo del Gobierno de México a la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Esta disposición fue el fundamento invocado por el organismo para llevar la situación mexicana ante Naciones Unidas, una decisión que abrió un nuevo frente de discusión entre las autoridades nacionales y el mecanismo internacional de derechos humanos.
El intercambio refleja las diferencias entre el diagnóstico del Comité y la postura del Gobierno mexicano sobre la crisis de desapariciones. Mientras el organismo internacional considera necesario reforzar la cooperación para atender las búsquedas, las investigaciones y la crisis forense, las autoridades nacionales defienden las acciones emprendidas y cuestionan el procedimiento utilizado para presentar el caso ante la Asamblea de Naciones Unidas.
