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El combate al robo de combustible es un punto central en la Estrategia de Seguridad emprendida por la administración actual, indicó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas
Se trata de un delito con consecuencias en distintos niveles, no solo es el daño financiero, también significa violencia en algunas regiones, apuntó durante la sesión del Pleno
Redacción
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe buscar e informar la cantidad de operaciones anuales para el combate al robo de combustible o huachicol, entre 2019 y 2022, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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“Elegí exponer este recurso no solo porque el combate al robo de combustible -mejor conocido como huachicol- es un punto central en la Estrategia de Seguridad emprendida por la administración actual, sino también porque se trata de un delito en el que podemos advertir sus consecuencias a distintos niveles. No solo hablamos de un importante daño financiero, sino de regiones enteras afectadas por la violencia”, apuntó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada recordó que, el pasado 18 de enero, se cumplieron cuatro años de la tragedia en una región del estado de Hidalgo, donde la explosión de una toma clandestina, ubicada en el kilómetro 226 del oleoducto que corre de Tuxpan a Tula, Hidalgo, cobró la vida de 127 personas.
En el caso específico, una persona requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la entrega de información sobre la cantidad de operaciones anuales para el combate al mercado ilícito de combustible o huachicol, desde el año 2015 a septiembre de 2022, así como la cantidad de personal destinado para dichas operaciones.
En respuesta, a través del Estado Mayor Conjunto, la Sedena señaló que, del 11 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2022, se implementó el “Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburo”, lo que implicó el despliegue de personal militar para la seguridad y vigilancia de los ductos de Petróleos Mexicanos, por lo que se desplegó la siguiente cantidad de militares: en 2019, 3 mil 268 efectivos; en 2020, 2 mil 416; en 2021, 2 mil 150; y en 2022, a la fecha solicitada, mil 438 efectivos.
La persona recurrente se inconformó con la entrega de información incompleta, toda vez que no se le entregó la cantidad de operaciones realizadas anualmente, razón por la que presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la Sedena señaló que realizó una nueva búsqueda en los archivos del Estado Mayor Conjunto y manifestó que no cuenta con los contenidos en los términos solicitados y señaló que el citado Plan cuenta con la participación de diversas dependencias que han conjuntado esfuerzo poniendo a disposición del país, personal, vehículos terrestres, aeronaves y drones para contrarrestar los efectos de este delito que afecta a la sociedad y economía del país, información que se puede consultar en un vínculo que proporcionó.
“En ese sentido y derivado de los apoyos de la competencia en la materialización del Plan en mención, la Sedena ha otorgado apoyo en seguridad y patrullaje de los ductos de Pemex de manera permanente, designando unidades y efectivos de manera bimestral, que son desplegados en aquellas entidades que presentan un alto índice en el robo de combustible”, indicó la Comisionada.
En el análisis realizado por la ponencia a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se advirtió que, si bien la dependencia entregó la cantidad total de efectivos destinados al combate de robo de combustible del 2019 a septiembre de 2022, no desglosó la cifra por operación, “que es un dato indispensable; como es de conocimiento público, se han suscitado diversos acontecimientos en relación con el combate al robo de combustible, por lo que resulta evidente que exista un registro de cada una de las operaciones relacionadas. No puede no haber una operación, una estrategia, y sí destinar militares para tal efecto”, explicó.
Del Río Venegas añadió que, a partir de una información pública realizada por su ponencia, se localizaron diversos comunicados que dan cuenta de las acciones realizadas por la Sedena respecto al robo de combustible.
“Se advierte que, si bien la Sedena turnó la solicitud a la unidad administrativa competente, ésta no se pronunció con un criterio adecuado y se limitó a informar sobre el número de efectivos desplegados con el objeto de atender el robo de combustible, siendo que la solicitud también estaba dirigida a conocer las operaciones de la información requerida, por lo que se consideró fundado el agravio de la persona recurrente”, puntualizó.
Por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva y con carácter amplio de la cantidad de operaciones anuales para el combate al robo de combustible, del año 2019 a septiembre de 2022, en todas las unidades administrativas competentes, entre las que se encuentra el Estado Mayor Conjunto.
