🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Exclusivas MX
La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, durante una operación de control migratorio en Biddeford, Maine, ha desatado una profunda indignación y el reclamo de justicia tanto por parte de su familia como de organizaciones civiles y autoridades internacionales. El incidente ocurrió el lunes por la mañana, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de la víctima. Según versiones preliminares, el joven recibió disparos por parte de un agente federal que alegó temer por la seguridad pública mientras el conductor intentaba retirarse del lugar.
El caso ha ganado relevancia por las graves inconsistencias en la información oficial. Inicialmente, las autoridades federales señalaron a la víctima como el objetivo de una orden de expulsión definitiva; sin embargo, horas más tarde, el senador Angus King confirmó que el joven no era el objetivo real de la operación de arresto. Por su parte, la familia de Durán Guerrero y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han refutado categóricamente la versión de una estancia irregular, asegurando que el joven contaba con autorización para trabajar, número de Seguro Social y toda la documentación necesaria para residir legalmente en Estados Unidos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el suceso como un “asesinato” cometido bajo una lógica de discriminación, exigiendo una postura del gobierno estadounidense. Mientras tanto, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine ha denunciado el hecho como un acto “devastador e inaceptable”, demandando una investigación completa y transparente. En respuesta a la creciente presión pública, reportes de medios estadounidenses indican que ICE habría ordenado suspender temporalmente las detenciones de vehículos para arrestos migratorios a nivel nacional, un cambio que ocurre apenas una semana después de otro incidente mortal en Texas, donde un ciudadano mexicano fue abatido bajo circunstancias similares.
Ante la gravedad de los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la oficina de su Inspector General, ha asumido la investigación del caso. La familia de Joan Sebastián, trabajador y padre de una niña de tres años, ha solicitado que la muerte de su hijo no quede impune, mientras la Embajada de Colombia en Estados Unidos mantiene una exigencia formal de aclaración sobre las circunstancias del operativo. La vigilia y las manifestaciones en Biddeford han sido el reflejo de una comunidad que exige rendición de cuentas tras un segundo tiroteo mortal involucrando a agentes migratorios en menos de siete días, reavivando el debate sobre las tácticas agresivas empleadas en los recientes controles fronterizos y migratorios del país.
