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A casi una década de la detención de Milagro Sala, el gobierno del presidente Javier Milei solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el levantamiento del régimen de prisión domiciliaria que cumple la dirigente social desde 2017, con el objetivo de que sea trasladada a una cárcel común para cumplir el resto de su condena.
El pedido fue presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que argumentó que Sala fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, por lo que no corresponde que continúe bajo un régimen considerado excepcional. La condena firme establece una pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.
En la presentación ante el tribunal internacional, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala y sostuvo que las medidas de control aplicadas responden al cumplimiento de la ley. Según el documento oficial, la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario al cambiar de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó nuevas acciones de supervisión.
Notas de interés
El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que la medida dispuesta por la CIDH terminó convirtiéndose en un beneficio que mantiene a Sala en su hogar pese a contar con una condena firme. En ese sentido, reafirmó que la Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero cuestionó la continuidad de un régimen que consideran injustificado.
Milagro Sala cumplió recientemente dos tercios de su condena, al completar 10 de los 15 años impuestos por la Justicia de Jujuy y ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional, trámite que, de acuerdo con la última resolución judicial, puede iniciarse a partir del 16 de enero de 2026.
Actualmente, la dirigente social se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata. En ese contexto, su defensa denunció nuevas irregularidades, entre ellas intentos de tomarle declaración durante su internación y presiones para realizar audiencias virtuales, hechos que calificaron como un trato excesivamente riguroso.
Sala fue condenada en distintas causas judiciales. En una de ellas, recibió una pena de dos años por amenazas tras realizar llamadas en 2014 a una comisaría de Alto Comedero, donde advirtió sobre la colocación de bombas. En la causa conocida como “Pibes Villeros”, fue sentenciada a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. Según el expediente, la defraudación al Estado ascendió a unos 60 millones de pesos y las obras nunca se concretaron.
La condena total vencerá el 16 de enero de 2031, mientras que la libertad asistida podrá ser evaluada recién en 2030, según lo establecido por la Justicia.
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