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El juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, para obtener libertad bajo fianza y continuar su proceso judicial bajo arresto domiciliario en Estados Unidos.
La defensa pidió que la exprimera dama, de 69 años, permaneciera en una residencia privada con vigilancia mediante un dispositivo GPS, al argumentar que su estado de salud se ha deteriorado durante su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Sin embargo, el juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York consideró que existe riesgo de fuga. También señaló que Flores tiene recursos económicos y contactos en el gobierno venezolano que podrían facilitar su salida de Estados Unidos, y puso en duda que pudiera ser extraditada nuevamente si regresara a su país.
Notas de interés
Defensa reporta problemas cardiacos
De acuerdo con información de la agencia AP citada en el reporte, los abogados de Flores señalaron que habría sufrido un ataque cardiaco durante su encarcelamiento.
Por su parte, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano, declaró a AFP que Flores enfrenta un problema delicado del corazón y afirmó que el centro de detención no cuenta con las condiciones necesarias para su recuperación y el procedimiento cardiaco que requiere.
EU acusa a Maduro y Flores de tortura
Por otra parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó a Nicolás Maduro y Cilia Flores delitos relacionados con tortura contra personas detenidas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con el escrito de acusación, ambos habrían encabezado una estructura de poder que recurría a la violencia contra opositores políticos, detenciones arbitrarias y prácticas de tortura. Entre los métodos descritos por la Fiscalía figuran descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y tortura psicológica.
La acusación también sostiene que el sistema se apoyaba en el control de las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos de seguridad venezolanos, así como en presuntas alianzas con grupos delictivos organizados.
Según la Fiscalía, Maduro habría conocido y aprobado detenciones ilegales y actos de tortura. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos presentados por las autoridades estadounidenses.
