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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó la aplicación inmediata de nuevos aranceles de entre el 10% y el 12.5% a las importaciones procedentes de unos 60 socios económicos clave, bajo el argumento de que estas naciones no han tomado medidas suficientes para prohibir y erradicar el trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
La nueva medida restrictiva, que entrará en vigor en la madrugada del viernes, afecta directamente a economías globales como la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, India y Canadá, además de una amplia lista de países latinoamericanos entre los que se encuentran México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, abarcando a socios que representan el 99.4% de las importaciones totales de Estados Unidos.
Justificación legal y diferenciación de tasas
El anuncio fue formalizado por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien invocó el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 para sancionar lo que calificó como una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora. La administración estadounidense estableció un esquema diferenciado según la postura de cada nación: aquellos socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar normativas estrictas contra la importación de bienes producidos bajo explotación laboral enfrentarán la tasa menor del 10%, mientras que los países que no hayan implementado dichas prohibiciones sufrirán el gravamen máximo del 12.5%.
Esta decisión se suma a la reciente escalada proteccionista impulsada por la Casa Blanca, la cual incluye aranceles del 50% aplicados a productos canadienses bajo la Ley Arancelaria de 1930, y ocurre luego de que la Suprema Corte de EE. UU. anulara previamente varios gravámenes impuestos mediante poderes de emergencia, obligando a la administración a buscar nuevas vías legales para sostener su agenda comercial.
Impacto en los consumidores y resistencia internacional
Mientras la administración de Trump defiende que los aranceles incentivan la manufactura nacional y protegen a los trabajadores estadounidenses, economistas y sectores empresariales han advertido sobre el efecto inflacionario de la medida. Dado que los impuestos recaen directamente sobre las empresas importadoras, es altamente probable que los costos adicionales sean trasladados al consumidor final, encareciendo productos de uso cotidiano como el café y los microondas.
Se prevé que los países afectados y las cámaras empresariales opongan resistencia jurídica o evalúen posibles medidas de represalia. En tanto, la Oficina del Representante Comercial mantiene abiertas investigaciones contra otras 16 naciones por supuestos excesos de capacidad productiva, lo que anticipa la posible imposición de nuevas barreras arancelarias antes de que concluya el año.



