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Lo que debió ser un trámite administrativo de 72 horas se ha convertido en una extensión de su condena. Doña Carlota Alfaro Quintana, de 75 años de edad, permanece recluida en el Centro de Reinserción Social de Chalco, a pesar de que desde el pasado 17 de marzo un juez de control le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. La razón del retraso, denunciada por su defensa como “inexplicable”, radica en la falta de colocación de un brazalete electrónico por parte del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (Cemeca).
Un beneficio por salud y edad que no llega
La decisión judicial de trasladar a Doña Carlota a su domicilio no fue fortuita. Su avanzada edad y un cuadro clínico delicado que incluye hipertensión y diabetes fueron factores determinantes para que el juez considerara que la estancia en prisión ponía en riesgo su integridad física.
De acuerdo con el cronograma legal, se esperaba que la mujer abandonara el penal el pasado 21 de marzo. Sin embargo, este lunes 30 de marzo se cumplen ya 13 días de retraso desde la resolución inicial, manteniendo a una adulta mayor en condiciones de encierro que la justicia ya había determinado como innecesarias.
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Los requisitos cumplidos: Dinero, documentos y logística
La defensa de la afectada, encabezada por su hijo y abogado Arturo Santana Alfaro, emitió un comunicado donde detalla que todos los requisitos impuestos por el Poder Judicial han sido solventados puntualmente:
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Garantía Económica: El pago de 250 mil pesos se cubrió íntegramente el 19 de marzo.
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Restricción Migratoria: Se acreditó legalmente que Carlota Alfaro no cuenta con pasaporte vigente, eliminando el riesgo de fuga.
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Verificación de Domicilio: El propio Cemeca ya inspeccionó y aprobó la vivienda donde se cumplirá la sentencia, realizando incluso las pruebas de enlace telefónico necesarias para la supervisión.
La burocracia como barrera
Pese a tener el domicilio listo y la fianza pagada, la falta del dispositivo físico de monitoreo es el único obstáculo que separa a Doña Carlota de su hogar. El abogado Santana Alfaro calificó la situación como una negligencia administrativa que vulnera los derechos humanos de su madre.
Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han emitido una postura oficial que explique por qué, tras casi dos semanas, no se ha podido concretar la colocación del brazalete. Mientras tanto, en las inmediaciones del Penal de Chalco, la familia de Doña Carlota mantiene la guardia, esperando que la burocracia finalmente se alinee con la orden del juez en este cierre de marzo de 2026.
