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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes sobre la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y exsenador de la República. La captura del militante panista, realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ensenada, responde a una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, en relación con las actividades de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario.
La investigación, calificada por el Ministerio Público Federal como de “alta complejidad”, vincula a la empresa fundada por el exmandatario con una red de contrabando ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos. Según los reportes oficiales, el esquema, denominado por las autoridades como “huachicol ferroviario”, operaba mediante la importación de hidrocarburos a través de la aduana de Matamoros, Tamaulipas, para luego trasladarlos a centros de almacenamiento en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
Las autoridades federales detallaron que este grupo delictivo utilizaba trenes para introducir los hidrocarburos al país, declarando ante las autoridades cargamentos falsos de aditivos o aceites, o bien, reportando volúmenes de combustible significativamente menores a los que realmente transportaban. Este mecanismo permitía ocultar millones de litros de hidrocarburos y evadir la carga fiscal correspondiente. En la operación participaban una compleja red de empresas importadoras, agentes aduanales y operadores ferroviarios destinados a fragmentar la trazabilidad de los recursos y aparentar la legalidad del producto.
Ernesto Ruffo Appel, quien marcó un hito en la historia política de México al convertirse en el primer gobernador de oposición al PRI en 1989, enfrenta ahora este proceso judicial derivado de las diligencias iniciadas el pasado 9 de julio por el Gabinete de Seguridad. La FGR señaló que, hasta el momento, las investigaciones han permitido el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburo, mientras continúan las indagatorias para desarticular la estructura financiera y operativa que permitía la entrada ilícita de combustible al territorio nacional.
