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El Heraldo de México
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó junto con la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, la presentación de tres iniciativas de reforma en materia de seguridad pública, las cuales forman parte de un paquete de cinco propuestas enviadas al Congreso capitalino.
Las reformas buscan fortalecer la protección de las mujeres y la persecución de los delitos, mediante la actualización del Código Penal local y la Ley de Seguridad Ciudadana. Entre las modificaciones destacan las relativas a las lesiones cometidas por razones de género o prejuicio, al delito de amenazas y a la asociación delictuosa.
En el caso del delito de amenazas, la iniciativa propone reformar el artículo 209 del Código Penal para incorporar la figura de “mal grave”, que permitirá distinguir entre una amenaza real y una simple expresión insultante. De aprobarse, se incrementará la pena de prisión de uno a dos años y, en casos agravados, la sanción podría triplicarse.
Notas de interés
AMPLÍAN SUPUESTOS DE AGRAVANTES
El proyecto define “mal grave” como aquel que, por su contenido o contexto, implique un riesgo de posible ejecución que ponga en peligro la vida, la integridad o el patrimonio de una persona. La propuesta también amplía los supuestos de agravantes, como cuando la amenaza se realiza con armas de fuego o punzocortantes, si el agresor se ostenta como integrante de un grupo criminal, cuando se busca causar la muerte, si se emplean explosivos o si se dirige contra personas que participan en un proceso penal con el propósito de obstaculizarlo o influir en su desarrollo.
Respecto a las lesiones por razones de género o prejuicio, se propone reformar los artículos 131 y 131 Bis del Código Penal para aumentar en dos terceras partes las penas cuando las agresiones se cometan contra mujeres o personas de la diversidad sexo-genérica por motivos de odio, discriminación o control. La reforma considera como circunstancias agravantes la existencia de una relación afectiva previa entre agresor y víctima, antecedentes de amenazas o acoso, expresiones de odio o desprecio, daños a la apariencia vinculados con la identidad de género, intentos de anular la autonomía o la orientación sexual, la presencia de hijos menores durante el ataque, actos degradantes o la comisión del delito en contextos de trabajo sexual.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, explicó que la tercera reforma, en materia de asociación delictuosa, busca homologar la legislación local con la normativa federal, con el fin de otorgar mayor certeza jurídica a las labores de investigación y seguridad pública.
Asimismo, la propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Ciudadana dotará de validez jurídica al Gabinete de Seguridad, establecerá las bases para el servicio profesional de carrera policial y formalizará los mecanismos de control de confianza, garantizando así un marco legal más sólido para la profesionalización y permanencia del personal operativo.
