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En un esfuerzo por desarticular las redes criminales que asfixian a los sectores productivos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmó el Pacto contra la Extorsión y anunció el envío de una reforma clave al Código Penal este 14 de abril. La propuesta introduce la figura de “coerción”, diseñada específicamente para sancionar penalmente conductas que antes quedaban impunes al ser catalogadas meramente como “tentativas”.
El nuevo mapa legal: Adiós a la “Tentativa”
La reforma busca actualizar las leyes locales para que la justicia sea más expedita y severa:
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Hostigamiento Coercitivo: Se crea esta figura para castigar el acoso y las amenazas, evitando que los delincuentes queden libres si no logran consumar el cobro.
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Delitos Graves: Tanto la extorsión consumada como la coerción se clasificarán como delitos graves, lo que implica prisión preventiva oficiosa en la mayoría de los casos.
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Persecución de Oficio: Al alinear la ley con la normativa federal, las autoridades podrán investigar y actuar sin necesidad de una querella inicial, protegiendo la identidad del denunciante.
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Inteligencia y Reacción: El nuevo brazo operativo
Más allá de los cambios en papel, el gobierno capitalino desplegará una estructura de respuesta inmediata:
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Gabinete contra la Extorsión: Un grupo interinstitucional de alto nivel para coordinar operativos.
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Unidad de Criminalística de Proximidad: Equipos de reacción rápida que atenderán denuncias en tiempo real en las zonas comerciales.
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Centro de Atención Inmediata: Una ventanilla única para recibir reportes y brindar protección a las víctimas.
Golpe a la estructura financiera y carcelaria
Brugada enfatizó que el combate no solo será en las calles, sino en las cuentas bancarias y los penales:
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Inteligencia Financiera: Se fortalecerá el rastreo de flujos de dinero para desmantelar el lavado de activos derivado del “cobro de piso”.
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Bloqueo en Cárceles: Instalación de inhibidores de señal de última generación en centros penitenciarios, desde donde se originan miles de llamadas extorsivas.
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Prevención Tecnológica: Colocación de botones de pánico, cámaras y alarmas vinculadas directamente al C5 en establecimientos comerciales.
“No vamos a permitir que el esfuerzo de los comerciantes se convierta en el botín de la delincuencia”, sentenció la mandataria, asegurando que la inteligencia social (los reportes ciudadanos) será la base para alimentar esta nueva estrategia de seguridad.



