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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los trabajos de inteligencia realizados en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLEs) han permitido confirmar la existencia de “múltiples irregularidades históricas” relacionadas con contratos celebrados con empresas.
El órgano fiscalizador explicó que la investigación comenzó a partir de irregularidades detectadas durante la conducción de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Consejo General del INE y actualmente se desarrolla a través de tres principales líneas de trabajo. Una de ellas consiste en una investigación de oficio sobre diversas contrataciones públicas realizadas por el INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los OPLEs de las entidades federativas.
Como parte de este proceso, la ASF también emprendió un estudio histórico de las adquisiciones realizadas por las autoridades electorales entre 2000 y 2025. El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con el uso de recursos públicos por parte de grupos empresariales o funcionarios de las instituciones electorales.
La tercera línea de trabajo corresponde a una auditoría integral del INE, además de una revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. En este contexto, el viernes pasado el auditor Aureliano Hernández informó que fueron enviados oficios a todos los gobernadores para solicitar información sobre el ejercicio de los recursos que la Federación transfiere a los órganos electorales estatales.
Notas de interés
De acuerdo con la ASF, estas acciones buscan revisar tanto los procedimientos de contratación como el destino de los recursos públicos destinados a las autoridades electorales. El análisis contempla un periodo de 25 años, lo que permitirá revisar la evolución de las adquisiciones y detectar posibles patrones que se hayan mantenido a lo largo del tiempo.
La investigación incluye al actual INE, al desaparecido IFE y a la totalidad de los OPLEs, por lo que no se limita a una administración específica. La ASF señaló que el objetivo es determinar las responsabilidades que correspondan en los casos donde se confirmen irregularidades dentro de sus atribuciones legales.
Finalmente, el órgano fiscalizador aseguró que las acciones se realizan con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. La revisión continuará conforme avance el análisis de los contratos, adquisiciones y recursos federales destinados a las autoridades electorales.
