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Tras una sesión de alta tensión marcada por choques verbales entre bancadas, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa constitucional de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con 87 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 41 en contra de la oposición, el dictamen avanza hacia su discusión en lo particular, consolidando una estructura que busca reducir el costo de la democracia en México, pero que también posterga ejercicios de participación ciudadana clave.
Austeridad en las urnas y en la nómina
El núcleo de este “Plan B” radica en un recorte drástico al presupuesto de las instituciones electorales y legislativas. La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para establecer que ningún consejero del INE, magistrado o titular de áreas técnicas electorales podrá percibir un sueldo mayor al de la presidenta de la República, fijado en 134 mil pesos mensuales.
Además, se prohíbe el uso de recursos públicos para la contratación de seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro dorados. En el ámbito legislativo, el Senado se comprometió a una reducción de su propio presupuesto de hasta el 15 por ciento, mientras que los Congresos estatales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de sus respectivas entidades. Se estima que estas medidas generarán un ahorro anual de 5 mil millones de pesos.
Notas de interés
El freno a la revocación de mandato
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la reserva presentada por el Partido del Trabajo (PT). El aliado de Morena propuso retirar el tema de la revocación de mandato de la reforma para asegurar que este ejercicio no pueda realizarse en las elecciones intermedias de 2027. Esta decisión ha sido interpretada por la oposición como una estrategia política, mientras que el bloque oficialista argumenta que se busca dar estabilidad al actual periodo de gobierno.
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Polarización en la tribuna
El debate no estuvo exento de confrontaciones personales. El recinto fue testigo de un fuerte intercambio de acusaciones entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal, quienes se señalaron mutuamente por presuntos vínculos con grupos delictivos, reflejando el clima de división que rodea a esta reforma.
En el ámbito municipal, la reforma limita a los ayuntamientos a un máximo de 15 regidores, buscando adelgazar las estructuras burocráticas locales. Con nueve artículos transitorios que detallan la implementación de estos recortes, el “Plan B” se encamina a su votación final en lo particular, lo que representaría uno de los triunfos legislativos más significativos para la administración de Sheinbaum en este primer trimestre de 2026.
