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Milenio
El Tribunal Electoral ya tiene la base para transformar los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) en contra de partidos, políticos, cualquier persona del servicio público o incluso la ciudadanía.
Por orden de la reforma judicial, ahora serán exprés con resoluciones en máximo 72 horas, pero con la consecuencia de eliminar la primera instancia, por lo que los denunciados ya no podrán defenderse e impugnar las sentencias en su contra pues desde septiembre, serán únicas y definitivas.
Milenio tiene una copia de la propuesta para crear la nueva Unidad Especializada, con la que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acatará la orden de asumir las funciones de la Sala Regional Especializada que la reforma judicial extinguió, eliminando la figura de magistraturas electorales especializadas.
Notas de interés
La Sala Regional Especializada funcionaba como la primera instancia en sentencias por ilícitos electorales y permitía que quienes fueran sancionados con amonestaciones o disculpas públicas, multas económicas o fichados en el registro nacional por violencia política de género, pudieran defenderse ante la Sala Superior y demostrar que la resolución fue incorrecta o que no se consideraron elementos que afectan sus derechos.
SEPTIEMBRE, PLAZO LÍMITE PARA EXTINGUIR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA
SEPTIEMBRE, PLAZO LÍMITE PARA EXTINGUIR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA
Con el nuevo modelo, los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) pasarán directamente de las medidas cautelares que podrá seguir imponiendo el INE de forma precautoria, a la Sala Superior para una sentencia definitiva sin posibilidad de impugnación.
La reforma judicial ordena que la Sala Regional Especializada deberá extinguirse a más tardar el 1 de septiembre de 2025, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que ante la Sala Superior del TEPJF deberá crear una Unidad Especializada para recibir y atender los asuntos que le correspondían a la Sala extinta.
Ante los retrasos que se fueron dando en los últimos años en los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que inicialmente tenían la intención de ser más ágiles, ahora el trámite será exprés con tiempos legales establecidos para su resolución.
La reforma dice que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE deberá recibir los PES que se presentan en temas relacionados con tiempos en radio y televisión, ilícitos electorales de servidores públicos, actos anticipados de campaña, propaganda ilícita por tener un financiamiento indebido o por incurrir en calumnia o en la imputación de delitos, o por violencia política en razón de género.
La Unidad Técnica del INE tendrá que decidir si admite o desecha la denuncia en un estudio preliminar en un plazo que no puede exceder las 24 horas y tendrá 12 horas para notificar a la persona que denunció su resolución.
Realizará la audiencia correspondiente para armar el expediente y remitirlo a la Sala Superior, a su vez, ésta deberá turnarlo a una ponencia que tendrá un plazo máximo de 48 horas para presentar un proyecto al pleno, que deberá resolver en máximo 24 horas a partir de que lo reciban, y la sentencia será definitiva e inatacable.
SE VA LA SALA, ENTRA LA UNIDAD ESPECIALIZADA
SE VA LA SALA, ENTRA LA UNIDAD ESPECIALIZADA
Aunque la reforma es contradictoria y en algunos artículos o transitorios pide la creación de una Unidad y en otros la de una Comisión, sin esclarecer si deben funcionar ambas instancias o sus diferencias, la propuesta presentada por la magistrada presidenta Mónica Soto determina que será una Unidad Especializada con la que se distribuirá el personal de la Sala Especializada en las siete ponencias que funcionarán a partir del septiembre.
El documento se divide en dos propuestas, una para funcionar de manera temporal en lo que resta del año y otra con una nueva estructura que se presupuestará para 2026 para su funcionamiento definitivo.
El proyecto explica que en la Sala Regional Especializada, las tres ponencias se integraban por 16 personas: el o la magistrada, seis para la Secretaría de Estudio y Cuenta de las cuales una funge como coordinadora de las otras cinco personas; otra para la Secretaría Particular, una más para Apoyo Jurídico, un secretario particular, un asistente y un profesional operativo.
De septiembre al cierre de 2025 cada una de las siete ponencias de la Sala Superior contaría con seis personas: dos para secretaría de estudio y cuenta, dos para secretaría de apoyo jurídico y dos para profesional operativo.
