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Exclusivas MX
Bajo la figura de “Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, Morena, en alianza con el PT y el PVEM, ha dado inicio al proceso interno para seleccionar a sus abanderados rumbo a las elecciones de 2027. Aunque el partido emplea esta denominación para organizar sus actividades, el proceso equivale técnicamente a un periodo de precampañas, el cual se desarrolla seis meses antes de lo estipulado por los calendarios electorales estatales.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que los aspirantes deberán realizar asambleas, recorridos territoriales y visitas casa por casa. Aunque las convocatorias emitidas el 17 de junio incluyen cláusulas para prohibir campañas dispendiosas y anuncios espectaculares, el inicio de estas actividades plantea un desafío directo a la legislación electoral vigente en diversas entidades.
Implicaciones legales y riesgos de sanción
Notas de interés
El adelanto de estos procesos coloca a los aspirantes y a la coalición ante posibles sanciones contempladas en los códigos electorales locales. La ley es clara al definir que los actos de proselitismo realizados fuera de los plazos autorizados —que, dependiendo del estado, inician entre enero y febrero de 2027— pueden derivar en consecuencias graves.
Entre las sanciones previstas por las legislaciones estatales ante actos anticipados de precampaña o campaña se encuentran:
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Pérdida o negativa de registro: La consecuencia más severa para los aspirantes es la inhabilitación para ser registrados como precandidatos o la cancelación definitiva de su candidatura.
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Multas económicas: Los infractores, tanto precandidatos como partidos políticos, se exponen a multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) o salarios mínimos, que en algunos estados alcanzan hasta los 10,000 días de salario.
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Sanciones a partidos: Las organizaciones políticas podrían enfrentar la reducción de su financiamiento público o, en supuestos de gravedad acreditada, la cancelación de su registro local.
Calendarios estatales y normativas
El panorama legal varía según la entidad, pero el marco común establece restricciones estrictas sobre la duración y fechas de inicio de las precampañas. Estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas, entre otros, cuentan con leyes que sancionan explícitamente cualquier actividad proselitista realizada previo a los periodos legales. En Michoacán, por ejemplo, el Código Electoral marca el inicio de estas actividades para la primera semana de enero, mientras que en entidades como Baja California el periodo legal comienza el 22 de enero, fechas que distan significativamente del despliegue que Morena ha iniciado este mes de junio.
