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Ante el fallecimiento de 17 mexicanos en distintos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos —registrados desde mayo de 2025 a la fecha—, el gobierno federal emprendió una ofensiva legal y diplomática internacional. Las acciones responden a la instrucción anunciada el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir el esclarecimiento total de los hechos y frenar los abusos en los centros de detención estadounidenses.
Mediante una tarjeta informativa emitida este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló el paquete de medidas concretas implementadas por la cancillería y la red consular:
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Denuncias penales e institucionales: La Embajada de México en EE. UU., a través del embajador Roberto Lazzeri, formalizó una denuncia ante el Departamento de Justicia por conducto del Departamento de Estado. Paralelamente, se interpusieron 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado en jurisdicciones clave como Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, donde ocurrieron las muertes.
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Presión ante agencias migratorias: El gobierno mexicano planteó directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al propio ICE su profunda preocupación por las precarias y peligrosas condiciones que imperan en los centros de detención.
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Intervención de la ONU: El secretario Roberto Velasco Álvarez solicitó formalmente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que el organismo internacional recabe información, analice los casos de violencia institucional y emita recomendaciones vinculantes.
La SRE reiteró que las representaciones consulares en territorio estadounidense continúan brindando acompañamiento jurídico integral y apoyo directo a las familias de las víctimas, mientras mantienen un seguimiento puntual y riguroso sobre las respuestas de las autoridades de Estados Unidos.
