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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles, pero se negó formalmente a ser entrevistada en calidad de testigo dentro de la investigación abierta por la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.
Mediante un oficio entregado al ministerio público Julio César Jaimes Carmona, la mandataria panista calificó el citatorio de “ambiguo, incongruente y carente de la debida fundamentación”, argumentando que la ley no otorga a la Fiscalía facultades para citar de esta manera a gobernadores.
Campos reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, pero puntualizó que dicha cooperación no ocurrirá “como un sometimiento fáctico o legal”. En su escrito, propuso que cualquier requerimiento de información sea enviado directamente al gobierno de Chihuahua por los canales institucionales correspondientes.
La gobernadora enfatizó que, en su calidad de autoridad, no está obligada a comparecer ante un ministerio público bajo las condiciones planteadas, señalando que el documento recibido omitía precisar el objeto real de la diligencia.
Notas de interés
La mandataria también alertó sobre una posible confusión jurídica en el citatorio, al señalar que se le convocaba bajo el régimen de testigo cuando, en la práctica, se le podría intentar fincar una responsabilidad penal. “Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y el del imputado coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa”, advirtió Campos.
Según su postura, este tipo de procedimientos no solo vulneran su esfera jurídica personal, sino que también atentan contra las garantías institucionales del cargo que ostenta, por lo que reafirmó que no participará en actos de investigación que no cumplan con el debido proceso.
