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Exclusivas MX
Diversos colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron justicia tras el fallecimiento de dos niñas menores haitianas ocurrido el 24 de febrero en la Casa Hogar Patos, ubicada en San Raymundo Jalpan.
El inmueble funciona como centro de tránsito para personas migrantes y es operado por el Sistema DIF estatal. De acuerdo con los reportes, las menores habrían caído en una cisterna sin restricción de acceso y posteriormente sus cuerpos fueron hallados en una fosa séptica.
Señalan omisión y falta de protocolos
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) afirmó que el estado de Oaxaca falló en garantizar condiciones seguras para las niñas y su madre.
En un posicionamiento público, la organización sostuvo que lo ocurrido no puede considerarse un accidente, sino una “negligencia institucional y omisión de cuidados”, al señalar que el espacio que debía ser un refugio seguro se convirtió en escenario de una tragedia prevenible.
Notas de interés
Ante ello, demandaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación exhaustiva para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas del personal encargado del albergue.
Piden reparación del daño y revisión de albergues
Además de la investigación, las organizaciones solicitaron que el estado brinde atención integral y reparación del daño a la madre de las menores.
También pidieron una revisión profunda de los espacios de acogida a cargo del Sistema Nacional DIF y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de verificar el cumplimiento de estándares internacionales en materia de protección infantil.
Por su parte, la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca, integrada por 18 organizaciones civiles, condenó los hechos y recordó que en semanas recientes se han documentado denuncias sobre presuntas irregularidades dentro del sistema DIF estatal.
Las agrupaciones advirtieron que la supervisión de instancias responsables del resguardo de niñas, niños y adolescentes queda en entredicho, lo que —señalaron— vulnera derechos fundamentales como la integridad, la seguridad y el desarrollo pleno.
El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades estatales.
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