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Hidalgo registró su primera sentencia condenatoria por el delito de violencia vicaria, luego de que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de Tulancingo emitiera una resolución dentro del juicio oral 56/2025. El caso está relacionado con Yeli Virginia N. y su expareja, Luis Alberto M. N., identificado en la información del proceso como funcionario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El procedimiento judicial se originó a partir de la situación denunciada por la mujer, originaria de Cuautepec de Hinojosa, quien expuso su caso durante las Mesas de Acercamiento de Bienestar y Paz. Estos espacios de atención ciudadana permitieron canalizar su solicitud de apoyo ante las instancias correspondientes.
Tras la denuncia, se dio seguimiento institucional con la participación de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y otras autoridades competentes, con el propósito de encauzar el caso por las vías legales y dar continuidad al procedimiento judicial.
La violencia vicaria se refiere al uso de hijas e hijos, o de personas cercanas a una mujer, como medio para causarle daño emocional o psicológico, ejercer control sobre ella o prolongar una situación de violencia. Este tipo de agresión puede tener consecuencias profundas tanto para las mujeres como para las infancias involucradas.
En el desarrollo del caso también participó el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, colectivo que impulsa el reconocimiento de esta problemática y acompaña a mujeres que buscan justicia. La organización destacó la intervención de la agente del Ministerio Público y del juez que participaron en el proceso.
La sentencia representa un antecedente para la atención judicial de la violencia vicaria en Hidalgo, al tratarse de la primera condena de este tipo reportada en el estado. Su relevancia se relaciona con el reconocimiento de estas conductas dentro del sistema de justicia y con la posibilidad de fortalecer las vías de denuncia y protección para las víctimas.
Hasta el momento, no se han difundido públicamente los detalles específicos del fallo, por lo que se desconocen aspectos como la pena impuesta y las medidas particulares establecidas por el tribunal. La información disponible confirma la emisión de la sentencia condenatoria, pero no permite precisar sus alcances completos.

