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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra en el centro de una fuerte controversia política tras la difusión de audios en los que supuestamente se muestra dispuesta a compartir información de inteligencia sobre seguridad a cambio de resolver su situación migratoria en Estados Unidos. Ante los señalamientos, la mandataria reconoció que su voz aparece en las grabaciones, pero denunció que se trata de fragmentos editados, sacados de contexto y obtenidos mediante una trampa orquestada por el exgobernador y comisionado del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez.
Según la Gobernadora, en diciembre de 2025 aceptó una reunión facilitada por Bonilla con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses para abordar la revocación de su visa. Ávila Olmeda afirmó que, al notar irregularidades y la falta de acreditación oficial de los sujetos, decidió remitirlos con su abogado, tras lo cual nunca volvieron a buscar contacto formal. La mandataria sostuvo que la grabación fue un montaje planeado para ser utilizado con fines electorales, reiterando que la coordinación institucional que mantiene su gobierno con autoridades extranjeras se basa en la cooperación legal y no en la subordinación ni en la entrega de información reservada.
Por su parte, Jaime Bonilla rechazó categóricamente las acusaciones de la Gobernadora, calificando de ilógico que se le atribuya un papel en reuniones confidenciales de una administración que, asegura, lo ha perseguido políticamente. El exgobernador desestimó la versión de la “trampa” y cuestionó que la mandataria busque desviar la atención de sus problemas políticos y de las acusaciones de colusión con el crimen organizado que el PT ha señalado desde el inicio de su gestión. Bonilla enfatizó que la Gobernadora debe explicar por qué habría expresado disposición a intercambiar datos de las mesas de seguridad por beneficios personales.
Notas de interés
Esta crisis política se desarrolla en un contexto de creciente presión para la administración estatal. Desde mayo de 2025, tanto Marina del Pilar como su entonces esposo, Carlos Torres Torres, enfrentan la revocación de sus visas estadounidenses. Paralelamente, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Torres Torres por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras el PT perfila sus propias candidaturas para el próximo proceso electoral, la Gobernadora ha manifestado que afrontará los señalamientos por la vía legal, insistiendo en que las acusaciones responden a una estrategia de desgaste político para afectar su imagen y la de su gobierno.
