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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, promulgó formalmente la Ley del Sistema de Cuidados, un marco legal diseñado para transformar la atención doméstica y de cuidados en una responsabilidad compartida entre la sociedad, el Estado y el mercado. Durante el evento realizado en la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco, la mandataria destacó que esta legislación busca saldar una deuda histórica con las mujeres, quienes han sostenido este trabajo durante generaciones sin remuneración ni reconocimiento social.
Pilares de la nueva legislación
La ley introduce cambios estructurales y conceptuales fundamentales para el desarrollo de un Estado de bienestar con perspectiva feminista:
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Derecho integral: Se definen tres dimensiones básicas: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.
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Educación inicial: Se establece como obligatoria la oferta pública de educación y cuidados para la primera infancia.
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Medición económica: Se instruyó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social para crear la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico no remunerado en la capital, con el fin de cuantificar su valor económico real.
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Combate a la pobreza de tiempo: La norma busca liberar a las personas cuidadoras (mayoritariamente mujeres) de la carga exclusiva, promoviendo mejores condiciones laborales, la profesionalización del sector y la dignificación de esta labor.
Implementación y desafíos institucionales
La coordinadora residente de la ONU-México, Allegra María del Pilar Baiocchi, reconoció a la Ciudad de México como un referente para América Latina al convertir la agenda de cuidados en derechos e instituciones. No obstante, enfatizó que el éxito de esta ley dependerá de la capacidad de implementación, lo cual exige recursos financieros sostenibles, alta calidad en los servicios y mecanismos claros de rendición de cuentas.
Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que el sistema ya se encuentra en una etapa de arranque operativo a través de la red de Utopías y las “Casas de las Tres R”. El Gobierno capitalino ha girado instrucciones a todas las dependencias para acelerar la aplicación de las nuevas disposiciones y garantizar que los derechos contemplados en la ley se traduzcan en servicios cotidianos para la población.
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