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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 316 votos a favor y 123 en contra, la reforma presidencial que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta reforma faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una comisión especial de consejeros encargada de filtrar candidaturas que representen un riesgo de infiltración por parte de grupos delictivos.
La iniciativa fue respaldada por Morena, el PVEM y el PT, mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que se trata de un mecanismo de control político.
El debate en el recinto de San Lázaro estuvo marcado por un clima de alta tensión, caracterizado por descalificaciones, acusaciones de nexos con el narcotráfico y recriminaciones sobre la historia reciente de los partidos políticos. Legisladores de la oposición argumentaron que la reforma implementa un “derecho penal del enemigo” que, bajo el pretexto de seguridad, podría ser utilizado para perseguir a los adversarios políticos y limitar la disidencia.
Por su parte, la bancada oficialista sostuvo que el objetivo central es “limpiar el proceso electoral” y evitar que los grupos criminales determinen el destino de las candidaturas en México.
Notas de interés
La sesión, que inició la mañana del miércoles, alcanzó su punto de mayor conflicto este mediodía cuando fueron desplegadas mantas en los palcos del recinto haciendo referencia a un “cártel del bienestar”.
El incidente, sumado a la activación de sonidos de ambulancia en el pleno, obligó a la Mesa Directiva a decretar un receso. Al retomar la discusión, el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, reprochó la inclusión de la figura presidencial en las lonas opositoras, mientras que el debate continuó con menciones cruzadas de personajes como Rubén Rocha Moya, Genaro García Luna, Felipe Calderón y Maru Campos.
Tras la aprobación en lo general, el proceso legislativo continúa con la discusión en lo particular, donde se espera la votación de una reserva presentada por Morena. Con esta reforma, la comisión de consejeros del INE tendrá la facultad de solicitar información a las instancias de seguridad sobre los aspirantes, estableciendo un nuevo protocolo de verificación que, según el oficialismo, es indispensable para blindar la democracia, pero que para la oposición representa un riesgo para la equidad y la pluralidad en los comicios venideros.
