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EFE
Un tribunal de Minsk condenó hoy a diez años de prisión al conocido defensor de derechos humanos de Bielorrusia y Premio Nobel de la Paz de 2022, Alés Bialiatski, informó la organización que preside, Viasna.
La jueza Marina Zapasnik consideró culpables a Bialiatski y otros tres activistas de derechos humanos de la organización de contrabando de un grupo organizado y financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. Por ello, impuso de siete a 10 años de prisión a los cuatro defensores de Viasna, según la ONG.
El fiscal Oleksandr Korol había pedido para los activistas de derechos humanos entre 9 y 12 años de cárcel. Los condenados se declararon no culpables durante el juicio.
Notas de interés
Además de Bialiatski, el tribunal del distrito de Leninski de Minsk, que empezó el juicio contra el fundador de Viasna y otros miembros de la organización el pasado 5 de enero, condenó a su número dos y vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Valentín Stefánovich, a 9 años de prisión.
La jueza también condenó a siete años de prisión al coordinador de la campaña “defensores de derechos humanos para elecciones libres” y abogado de Viasna, Vladimir Labkovich, así como -en ausencia- a ocho años de cárcel al defensor de derechos humanos de la ONG Dmitri Soloviov.
Todos menos Soloviov llevan desde julio de 2021 detenidos. La Fiscalía alegó que los activistas actuaron como parte de un grupo organizado desde el 4 de abril de 2016 hasta el 14 de julio de 2021, con el fin de utilizar el Centro Viasna y otras organizaciones para actividades ilegales y financiación en Bielorrusia.
Según la acusación, cobraron dinero de varias estructuras y fondos de una empresa extranjera y luego, con la ayuda de otras personas, movieron ilegalmente desde el territorio de Lituania importes de al menos 201 mil euros y 54 mil dólares.
Según la causa, “prepararon a los ciudadanos para la participación en acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público, y también financiaron y brindaron apoyo material a tales acciones bajo la apariencia de derechos humanos y actividades de caridad”.
El pasado 13 de enero, los activistas, considerados presos políticos por Viasna pronunciaron su última palabra en bielorruso.
Bialiatski afirmó que “la causa penal contra nosotros, los activistas de derechos humanos de Viasna, tiene motivaciones políticas”.
El trasfondo político de esta causa penal contra los activistas de derechos humanos de Viasna, dijo, también lo evidencia la situación general del país, “saturado de represiones masivas y violaciones totales a los derechos humanos que azotaron a la sociedad durante y después de la campaña electoral de 2020”.
“En vez de escuchar la voz del pueblo, una reacción más fuerte llegó a Bielorrusia. Obviamente, la decisión política de las autoridades fue aplastar y destruir a la sociedad civil de Bielorrusia“, dijo.
La víspera de la vista, 21 organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), Freedom House, FIDH, Human Rights Watch (HRW) y el Comité de Helsinki, difundieron un comunicado en el que exigieron la liberación de los activistas y la anulación de todos los cargos en su contra.
“Después de más de un mes de juicio injusto y más de un año y medio de detención arbitraria, hay pocas esperanzas de justicia“, señalaron.
Indicaron que el juicio contra Bialiatski, Stefánovich y Labkovich, así como el período anterior de la investigación, “estuvieron acompañados de numerosas violaciones de los derechos humanos y de las normas sobre juicios justos”.
Explicaron que en la sala del tribunal, “tres presos políticos fueron esposados y encerrados en una jaula; los materiales del caso y las audiencias se llevaron a cabo en ruso y no en bielorruso; y a los activistas de Viasna no se les dio suficiente tiempo para familiarizarse con todos los materiales del caso”.
Además, agregaron, “no se permitió la entrada a la sala del tribunal a los medios de comunicación independientes ni a los observadores independientes”. Los condenados pueden apelar la sentencia.
