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En México, cada sismo relevante deja una factura que no se liquida cuando termina la emergencia. El impacto se extiende durante años en edificios que no vuelven a operar, en actividades económicas que se interrumpen y en procesos de reconstrucción que avanzan de forma desigual. El daño visible representa solo una parte del costo real que dejan los desastres naturales en el país.
La falta de una estrategia de prevención convierte estos efectos en costos acumulados que el país enfrenta después, cuando el margen de acción es menor y el gasto público se activa de manera reactiva. Así lo explicaron Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, y Julio César Fuentes, consultor en Economía Urbana del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Uno de los principales problemas para dimensionar el impacto económico de los desastres es la confusión entre daño y pérdida, conceptos que suelen utilizarse como sinónimos, pero que tienen implicaciones financieras distintas. El daño corresponde a las afectaciones monetarias de los bienes impactados durante un siniestro y puede calcularse poco después del evento con base en su valor de reposición.
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La pérdida, en cambio, se construye con el tiempo e incluye los bienes y servicios que dejan de producirse mientras la infraestructura no se repone. Abarca desde horas laborales perdidas y cierres de actividades productivas hasta afectaciones al turismo, gastos adicionales en salud física y mental y procesos de desplazamiento humano asociados al desastre.
Esta diferencia se refleja directamente en el uso de los recursos públicos. Cuando la atención se concentra en la emergencia y la reconstrucción, el gasto se dirige a reponer lo perdido, no a evitar que el costo se repita. Los instrumentos financieros que se activan tras un desastre suelen estar diseñados para atender el daño inmediato, pero no para reducir las pérdidas futuras.
Los seguros, por ejemplo, cubren infraestructura dañada, pero no la interrupción prolongada de actividades económicas ni los efectos sociales que se acumulan durante años, lo que obliga a recurrir a gasto público, endeudamiento o reasignaciones presupuestales una vez ocurrido el evento.
México cuenta con diversos mecanismos para enfrentar los efectos financieros de los desastres, como seguros catastróficos y bonos contratados a nivel federal. Sin embargo, su alcance resulta limitado frente al costo real de la reconstrucción. El seguro ante catástrofes tiene una cobertura aproximada de 5,400 millones de pesos, mientras que los costos estimados de reconstrucción en la Ciudad de México tras un sismo se ubican entre 18,000 y 22,000 millones de pesos.
A ello se suman los bonos catastróficos vigentes hasta 2028, cuya activación depende de criterios técnicos específicos, lo que impide que se liberen de manera automática o total. En el ámbito privado, los seguros hipotecarios cubren principalmente la deuda con la institución financiera y no siempre el valor total de reposición del inmueble.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo 26.5% de las viviendas en México cuenta con algún tipo de aseguramiento. En la Ciudad de México la cifra es de 18.8%, mientras que en Guerrero desciende a 11.9%.
A nivel local, el impuesto predial es la principal fuente de ingresos municipales, pero México recauda apenas el 0.11% de su PIB por este concepto, una de las proporciones más bajas entre los países de la OCDE. Esta limitación reduce la capacidad financiera de los municipios para invertir en prevención o responder con recursos propios tras un desastre.
En otros países, la gestión del riesgo se apoya en instrumentos de financiamiento urbano con mayor uso y continuidad. En ciudades de Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador se emplean mecanismos de captura de plusvalías o venta de derechos de edificabilidad para financiar infraestructura y procesos de reconstrucción. En Japón, el reajuste de suelo ha sido clave durante más de un siglo para reconstruir zonas afectadas sin desplazar a la población.
Especialistas advirtieron que en muy pocos países, incluido México, existe una contabilidad sistemática de las pérdidas económicas a mediano y largo plazo, como la interrupción de negocios o las horas-persona perdidas. Esta ausencia vuelve invisible una parte sustancial del costo real de los desastres y limita el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención.
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