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La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que establece restricciones para que personas con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México o por una gubernatura, bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles injerencias extranjeras.
El dictamen obtuvo 344 votos a favor de legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que 116 diputados de las bancadas de oposición votaron en contra. También se registró una abstención. Al momento de la aprobación en lo general, la Cámara inició la discusión de los artículos reservados para su análisis en lo particular.
La reforma contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a encabezar un gobierno estatal deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad.
De acuerdo con los legisladores que respaldaron el dictamen, la medida busca garantizar que quienes ocupen estos cargos tengan una sola nacionalidad y una relación de lealtad exclusiva con México. También señalaron que existen otros países donde se establecen requisitos relacionados con la nacionalidad para quienes buscan representar al Estado.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, rechazó que la reforma afecte los derechos de los mexicanos que cuentan con una segunda nacionalidad. Explicó que la restricción únicamente aplicaría a quienes pretendan competir por la Presidencia de la República o por gobiernos estatales.
El legislador morenista señaló que el cambio establece como requisito la renuncia a cualquier otra nacionalidad para quienes aspiren a esos cargos. También sostuvo que la reforma no modifica el artículo 32 constitucional, relacionado con los derechos de las personas mexicanas que viven en el extranjero.
Desde el PT, la diputada Yordana Garay respaldó el dictamen y sostuvo que la exigencia de una sola nacionalidad para quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo responde a un principio de lealtad hacia el país.
Por su parte, el diputado del PVEM Ricardo Astudillo consideró que la modificación permitirá reforzar el principio de soberanía nacional y sostuvo que el interés del país debe prevalecer en quienes ocupen los principales cargos del Poder Ejecutivo.
La oposición rechazó la reforma y cuestionó que la doble nacionalidad sea un factor suficiente para determinar la lealtad de una persona hacia México. Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que contar con una sola nacionalidad no garantiza por sí mismo honestidad o compromiso con el país.
El diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Gil recordó los casos de exfuncionarios que han ocupado cargos públicos pese a contar con otra nacionalidad, entre ellos Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, y Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual senador.
La diputada emecista Claudia Salas también cuestionó el alcance de la reforma y afirmó que podría estar relacionada con una eventual candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego. Esta interpretación corresponde a la postura expresada por la legisladora durante el debate.

Desde el PAN, el diputado Germán Martínez sostuvo que la discusión sobre soberanía debería concentrarse en otros problemas del país y vinculó su crítica con la situación de seguridad y el crimen organizado.
Legisladores de oposición también cuestionaron que la reforma pueda afectar indirectamente a mexicanos que cuentan con una segunda nacionalidad y señalaron que la ciudadanía debería ser evaluada por sus actos y no únicamente por la cantidad de nacionalidades que posea.
La discusión estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre las bancadas. Mientras el oficialismo defendió la reforma como una medida para proteger la soberanía nacional, legisladores de oposición cuestionaron que el cambio constitucional sea necesario y señalaron otros problemas que, desde su perspectiva, representan amenazas para la seguridad y la independencia del Estado mexicano.
El dictamen establece que la reforma entraría en vigor en 2028. Su aplicación estaría limitada a las personas que aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura, por lo que la doble nacionalidad continuaría siendo reconocida para el resto de los ciudadanos en los términos establecidos por la Constitución.

