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Canadá y Estados Unidos se encaminan hacia una nueva escalada comercial después de que las negociaciones entre ambos países se rompieran y el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles contra productos canadienses. Frente a la presión de Washington, el primer ministro canadiense, Mark Carney, decidió endurecer su postura y advirtió que Ottawa responderá con medidas equivalentes para defender los intereses de su país.
La ruptura de las conversaciones ocurrió después de varios días en los que parecía posible alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las diferencias se hicieron insalvables en las últimas horas, particularmente por las condiciones planteadas por el gobierno estadounidense. Trump anunció posteriormente un arancel de hasta 50% para determinados productos canadienses, el doble de la tasa de 25% que se había aplicado anteriormente a algunos sectores.
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Carney aseguró desde Quebec que Canadá ha actuado de manera “pragmática, paciente y perseverante” para alcanzar un acuerdo que proteja a sus trabajadores y familias. Sin embargo, dejó claro que Ottawa no aceptará cualquier condición con tal de cerrar las negociaciones. Para el primer ministro, la prioridad es obtener el mejor acuerdo posible y no aceptar un pacto bajo presión o con condiciones que considere perjudiciales para la economía canadiense.
Notas de interés
El jefe del gobierno canadiense también acusó a Washington de utilizar una estrategia de presión para conseguir concesiones de último momento. Según Carney, las condiciones planteadas por Estados Unidos resultaban injustas y económicamente perjudiciales, además de incluir exigencias relacionadas con la industria automotriz y restricciones a los acuerdos comerciales que Canadá mantiene con otros países. Trump, por su parte, sostuvo que Canadá buscaba obtener los beneficios de ser parte de Estados Unidos sin asumir las obligaciones correspondientes.
La respuesta de Ottawa será poner en marcha represalias comerciales y mantener la presión mientras las negociaciones permanezcan suspendidas. Carney ha presentado la disputa como una defensa de la soberanía canadiense y ha insistido en que su país está preparado para enfrentar los costos económicos de una confrontación comercial. “Canadá es fuerte, Canadá está listo, Canadá está unido”, sostuvo al justificar la decisión de responder a las medidas estadounidenses.
La postura también representa una prueba política para Carney, quien llegó al poder con la promesa de hacer frente a las políticas de Trump y defender los intereses canadienses. El primer ministro deberá convencer a las provincias y a los sectores empresariales de que mantener una posición firme puede resultar más conveniente que aceptar un acuerdo que, desde su perspectiva, otorgaría demasiadas ventajas a Washington.
Hasta ahora, varios líderes provinciales han respaldado la estrategia. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, una de las figuras políticas más críticas de los aranceles estadounidenses, aseguró que Canadá no inició la confrontación, pero que está dispuesto a enfrentarla. También el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, expresó su respaldo al llamado proyecto nacional impulsado por Ottawa. En tanto, el líder conservador Pierre Poilievre coincidió en que Canadá no debería aceptar aranceles unilaterales que puedan afectar gravemente a su industria.
La disputa, sin embargo, tendrá consecuencias económicas para ambos lados de la frontera. Canadá destina alrededor de 70% de sus exportaciones a Estados Unidos y varias entidades estadounidenses dependen ampliamente del comercio con su vecino del norte. Al mismo tiempo, los consumidores canadienses ya han reducido algunas compras y viajes hacia Estados Unidos, mientras diversas provincias retiraron bebidas alcohólicas estadounidenses de sus establecimientos, provocando fuertes caídas en las exportaciones de productos como vino y destilados.
Aunque la escalada representa una amenaza para sectores como el automotriz y el acero, el calendario todavía deja espacio para una nueva negociación. Trump ha planteado que algunos de los aranceles más severos entren en vigor en enero de 2027, por lo que los próximos meses podrían ser determinantes. En ese periodo, factores como las elecciones legislativas de Estados Unidos y la presión de empresarios y gobiernos estatales podrían modificar el escenario y abrir nuevamente la puerta al diálogo.
