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La activista Olimpia Coral Melo, junto a académicos y juristas, presentó una propuesta formal para reformar el Capítulo 19 del T-MEC con el objetivo de erradicar la violencia digital, problemática que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. La iniciativa, presentada este 3 de junio en la UNAM, busca establecer mecanismos para que las grandes plataformas tecnológicas asuman responsabilidades legales y territoriales.
El proyecto plantea modificar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del tratado para terminar con la “inmunidad total” de las corporaciones tecnológicas. Entre los ejes fundamentales destacan: someter a las plataformas a la jurisdicción nacional para evitar que evadan leyes locales por estar domiciliadas en el extranjero; permitir auditorías algorítmicas para analizar cómo se amplifican contenidos violentos; y establecer una responsabilidad condicionada de los intermediarios digitales.
Durante el evento, la activista denunció que el marco normativo actual del T-MEC genera un “vacío probatorio” que favorece la impunidad. Según datos expuestos, hasta el 73% de las denuncias por violencia digital en México no llegan a una vinculación a proceso debido a la falta de cooperación de las plataformas, que resguardan la evidencia en servidores fuera del país. “Lo virtual es real”, enfatizó Melo, señalando que las empresas suelen priorizar el lucro sobre la seguridad de las usuarias.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Tlatelolco Lab de la UNAM y la Barra Mexicana de Abogados, además del apoyo de legisladoras como Verónica Camino Farjat y Cristina Ruiz, quienes se comprometieron a impulsar la discusión en el Senado ante la próxima revisión del tratado en 2026.
Los promoventes subrayaron que la intención no es instaurar censura ni obstaculizar el comercio, sino asegurar que los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses corporativos. Como parte de la estrategia, se lanzó un manifiesto y un micrositio para recabar firmas ciudadanas y exigir la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, con el fin de garantizar que la soberanía digital de México sea un eje central en las futuras negociaciones comerciales.

