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Exclusivas MX
Sofía Castro Ríos, presidenta de la agrupación México Nuevo y exlegisladora federal y estatal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, así como contra funcionarios de su administración y legisladores federales y locales, entre ellos el senador Antonino Morales Toledo. La denuncia señala presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con Castro Ríos, los señalados presuntamente estarían relacionados con actividades de tráfico de combustible, conocido como huachicol, además de posibles actos de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas acusaciones forman parte de los señalamientos presentados ante la autoridad federal y deberán ser investigadas para determinar si existen elementos que las sustenten.
En declaraciones a medios de comunicación, la dirigente de México Nuevo sostuvo que la situación de seguridad en Oaxaca representa una preocupación para la población y acusó a integrantes del gobierno estatal de mantener presuntos vínculos con grupos criminales. También afirmó que estas conductas, de comprobarse, afectarían la seguridad de los habitantes y el funcionamiento de las instituciones.
Notas de interés
Castro Ríos insistió en que la denuncia no responde a una disputa política, sino a la intención de que las autoridades investiguen los hechos señalados. Según explicó, la presentación busca que la Fiscalía determine si existen pruebas suficientes para proceder conforme a la ley, independientemente de la filiación política de las personas denunciadas.
La exlegisladora también hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la necesidad de presentar pruebas para investigar presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. En ese contexto, afirmó que la denuncia pretende aportar una vía formal para que las autoridades revisen los señalamientos y establezcan si existen responsabilidades.
La FGR deberá analizar los hechos denunciados y, en su caso, realizar las diligencias correspondientes para determinar si hay elementos que permitan abrir o avanzar en una investigación. Hasta que las acusaciones sean acreditadas ante las instancias competentes, los señalamientos contra Jara, los funcionarios y los legisladores mencionados deben considerarse presuntos y no hechos judicialmente comprobados.
