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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, denunció un presunto esquema de coacción del voto durante la reciente elección en Coahuila, al que denominó “QR Gate”. Según la funcionaria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría implementado un mecanismo donde operadores entregaban a los ciudadanos un código QR antes de acudir a las urnas; tras emitir su sufragio y tomar una fotografía de la boleta como prueba, los votantes debían registrar el código para recibir una retribución económica.
“El PRI decidió que cada uno de sus votos fuera comprado. Es un modus operandi que puede superar lo que conocimos en 2012″, señaló Montiel. La dirigente presentó videos, entre ellos uno de la diputada Vianey García, donde se documentó la detención de un presunto operador electoral en flagrancia.
Según lo expuesto por Morena, el sujeto realizaba la compra de votos a favor del PRI y fue resguardado por autoridades estatales para evitar su identificación, antes de ser trasladado ante la Fiscalía.
A estas acusaciones se sumó el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien reprochó que diversos legisladores y simpatizantes de su bancada fueron privados de su libertad de manera ilegal durante la jornada electoral.
Notas de interés
Monreal calificó estos hechos como una grave afectación al desarrollo democrático y exigió un respeto irrestricto a la voluntad ciudadana y a los derechos de los involucrados.
En contraparte, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, celebró haber obtenido la victoria en los 16 distritos de mayoría, asegurando que se trató de una “elección ejemplar, en paz y con armonía”.
Moreno Cárdenas sostuvo que los resultados reflejan el respaldo ciudadano al gobierno de Manolo Jiménez y afirmó que la población “decidió con libertad” rechazar al partido guinda. “El PRI es la verdadera oposición y ahora vamos por el ‘milagro mexicano’ en 2027”, concluyó el dirigente priista.
Por el momento, el caso permanece en la esfera de la controversia política, mientras se espera que las autoridades electorales determinen si existen denuncias formales y elementos probatorios suficientes para investigar el presunto mecanismo de compra de votos y las irregularidades señaladas por la oposición.
